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La mina de oro en la que trabajan de la mano Eln, disidencias y la Guardia venezolana

by Editor
La mina de oro en la que trabajan de la mano Eln, disidencias y la Guardia venezolana

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Un parque natural a expensas de los grupos armados

Arcángel Agapito Luzardo es un líder de la etnia puinave que se dedica al turismo. En sus palabras deja ver la preocupación por lo que sucede con las comunidades indígenas en la Reserva Nacional Natural Puinawai, un territorio de selvas y sábanas amazónicas que se ubica al suroccidente del departamento del Guainía, en la frontera con Brasil. Si a Yapacana se llega dirigiéndose hacia el oriente, a este paraíso natural se accede por el río Inírida avanzando hacia el sur, a unos 230 kilómetros de la capital del departamento.

Se trata de una de las más grandes áreas protegidas que tiene Colombia y que hoy no cuenta con presencia de autoridades que la cuiden. Luzardo dice que las comunidades indígenas que habitan esta parte del departamento están abandonadas y de ahí su desazón. Y donde no hay Estado, son los grupos armados los que ejercen la autoridad.

Desde el año 2014 en la reserva no hay funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia, entidad encargada de reglamentar el uso y el funcionamiento de la reserva. La ausencia de autoridades, la lejanía y la poca infraestructura administrativa hicieron que Parques declarara su incapacidad de conservar esta zona que cubre parte de los interfluvios de los ríos Inírida, Guainía e Isana. Mediante la resolución 0490 del 31 de diciembre de 2014, la entidad cerró “temporalmente las sedes administrativas” de esta reserva que comprende un área aproximada de 1’095.200 hectáreas.

Dentro de los argumentos que menciona el documento están “los problemas de orden público existentes en la zona, así como la actividad minera ilegal”. Líneas más adelante, la resolución deja al descubierto un panorama desolador: “en el área mantienen presencia el Frente XVI y la Tercera Comisión del Frente Acacio Medina de las Farc, las cuales controlan las actividades mineras ilegales”.

El documento es una declaración explícita de que el poder allí no está en manos de la Fuerza Pública sino de los grupos armados ilegales: “La situación actual conduce a considerar que el Estado no tiene el control del territorio ni ha logrado frenar el accionar delictivo en el área protegida de la reserva”.

Un habitante de esa zona, que prefiere que su nombre no aparezca en este informe, asegura que los funcionarios de Parques Nacionales al sol de hoy no han vuelto. “Por el lado del río Inírida, los funcionarios se fueron porque los amenazaron y no regresaron, eso está olvidado. Esa zona está muy descuidada y ahora está tomada por la minería ilegal. Se metieron dentro de la reserva”, asegura.

En Yapacana podrían trabajar unas 7.000 personas, según los cálculos de los testigos consultados por esta alianza periodística.

El líder indígena agrega que la minería ilegal está presente en todo el departamento y que su impacto no solo se percibe en el río Inírida, sino también en el Atabapo y el Guainía, en la frontera con Brasil. “Allá entran los brasileros a meter dragas, y convencen a los capitanes y a los líderes para que comiencen a  trabajar. También llevan dragas de Villavicencio y Bogotá. Y ni siquiera es iniciativa de los líderes indígenas, sino que en esas comunidades no hay empleo, no hay plata, no hay inversión. Llega gente diciendo, ‘yo tengo plata, meto una draga’, es lo que hacen allá”.

El pasado 25 de agosto, Luisz Olmedo Martínez Zamora asumió la dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN). Y desde el 27 de septiembre Vorágine y Mongabay Latam intentaron obtener una respuesta suya sobre el abandono en que se encuentra la reserva y sobre la explotación ilegal de oro que allí está teniendo lugar. Pero una vez más —y como fue el proceder de la mayoría de autoridades consultadas— el silencio fue la respuesta. “En Puinawai tenemos una situación delicada de orden público. (…) No hemos tenido respuesta de la dirección sobre el tema”, dijo la jefe de prensa.

En Yapacana no solo hay minas. Según fuentes consultadas para este reportaje, en los alrededores del cerro existe todo un complejo construido en tablas en el que hay prostíbulos, almacenes y hasta guarderías.
En Yapacana no solo hay minas. Según fuentes consultadas para este reportaje, en los alrededores del cerro existe todo un complejo construido en tablas en el que hay prostíbulos, almacenes y hasta guarderías.

Jenny Soad Rojas, directora de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Oriente Amazónico (CDA), reafirma que a lo largo del río Inírida hay una presencia constante de dragas. “La verdad es que la actividad de explotación ilícita minera en el departamento está por todos los ríos, menos por el río Guaviare, porque de ahí provienen materiales como el granito, pero del resto en todos”, dice. El Inírida, por ejemplo, es el cuarto río de la Amazonía colombiana con más presencia de minería ilegal o que ha sido objeto de más alertas sobre el tema, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC). Este mismo organismo detectó, según un estudio de 2022, que en la reserva Puinawai no sólo hay explotación en los ríos circundantes. También en tierra se dan estas actividades. “La Reserva Nacional Natural Puinawai registra la mayor presencia de EVOA (Evidencias de explotación de oro de aluvión) en tierra con 84 hectáreas; esta área protegida representa el 93% del total detectado en el SNPNN (Sistema Nacional de Áreas Protegidas)”.

Las consecuencias de esta minería sin control ya ha dejado estragos, según dice Soad Rojas. “La corporación realizó estudios de mercurio en plantas, peces y sedimentos en el río Guainía. Y encontramos contenidos que superan los límites permitidos. Esto nos da cuenta de los impactos ambientales sobre los lechos de los ríos. Sin contar las afectaciones a los bosques porque estas personas deforestan para construir campamentos mineros”, denuncia.

Soad Rojas también precisa que la minería no forma parte de las actividades ancestrales de los indígenas del departamento. No son ellos quienes lideran ni manejan este negocio ilegal. Miembros de las comunidades trabajan en las explotaciones como obreros rasos.  “Esto más bien obedece a que no hay más fuentes de ingresos, esto pasa también por la falta de presencia del Estado en estas comunidades que han venido siendo abandonadas. Las necesidades básicas insatisfechas son enormes, entonces según ellos no hay otra forma de sobrevivir sino es con la explotación de minerales”, dice. La directora de CDA aclara que el mandato de la corporación que preside es estrictamente ambiental, por lo que prefiere no comentar temas de seguridad o de reglamentación minera.

Las inquietudes del líder Luzardo y de la directora de CDA son las mismas de Mauricio Cabrera, asesor en relaciones de Gobierno y relaciones Internacionales de WWF Colombia. “Hemos estado muy preocupados por la alta contaminación por mercurio en los ríos. También por el aumento progresivo de dragas provenientes de Brasil, y que entran por el sur del Guainía, Vaupés y Amazonas, frente a lo cual no se están tomando las acciones suficientes”, dice.

Lo complejo del asunto, como lo anotan estas fuentes, es que las comunidades indígenas están siendo instrumentalizadas para trabajar en las minas ilegales. El caso de la Reserva Nacional Natural Puinawai es el ejemplo más palpable.

Esta reserva se encuentra dentro de lo que se conoce como el Escudo Guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas del mundo, y que incluye territorios de Colombia, Venezuela, Brasil y las Guayanas. El Escudo contempla una extensión de 2,7 millones de kilómetros cuadrados y una importancia biológica para el planeta entero. La reserva Puinawai tiene características especiales: allí se pueden detectar catorce ecosistemas distintos. Parte de su riqueza son los ríos (Inírida, Guainía y Cuiari-Isana), justamente por donde merodean las dragas que desangran impunemente el ecosistema.

Carlos* es un índigena de la etnia de los kurripacos que ha visto cómo sus paisanos se han ido metiendo en el negocio por simple necesidad de darle de comer a sus hijos. Sentado en un restaurante de Inírida, Carlos cuenta que en un lugar llamado Campo Alegre, que está dentro de la reserva, no se hace otra cosa que ir a picar piedra en la mina. De ese pequeño y apartado lugar pueden estar sacando un kilo de oro a la semana. Y desde que eso ocurre los conflictos sociales son pan de cada día. En los alrededores de Puinawai, en límites con Vaupés y Brasil, hay 19 comunidades indígenas reconocidas ante el ministerio del Interior, esto es, unas 1.780 personas, según las cuentas de Carlos. Son esos mismos indígenas que no están en el mapa del Estado colombiano ni del gobierno nacional. Allá los que mandan son los que cargan las armas, los que merodean por la reserva sin que nada pase.

*Nombres cambiados por seguridad de las fuentes.

*Imagen principal: Así se ve la degradación ambiental en el Parque nacional Cerro Yapacana en Venezuela, cerca de la frontera con Colombia en Guainía. Crédito: MAAP program of Amazon Conservation.

*Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

 

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Artículo publicado por David Tarazona


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Fuente: es.mongabay.com

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